El gobierno de Ecuador suspendió el lunes las actividades mineras en tres provincias debido a la grave contaminación provocada por la minería ilegal.
La decisión afecta zonas de la Amazonía y el sur del país donde se detectaron metales pesados en concentraciones peligrosas.
La resolución, firmada por la ministra del Ambiente Inés Manzano, rige para las provincias de Napo (Amazonía), El Oro y Loja (sur fronterizo con Perú).
La medida busca detener el deterioro ambiental acelerado en estas regiones.
Los metales pesados superan los límites permitidos
Un informe técnico reveló la presencia de cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro en los ríos Calera, Amarillo y Napo.
Según el documento oficial, estas sustancias «superan los límites máximos permisibles» establecidos por la normativa ambiental.
El Ministerio del Ambiente dispuso realizar inspecciones y procesos sancionatorios para combatir la minería ilegal en Ecuador. Las acciones incluyen:
- Suspender operaciones irregulares
- Decomisar maquinaria y material mineralizado
- Interceptar la minería ilegal
- Evitar nuevos daños ambientales
El impacto de la minería ilegal en comunidades indígenas de Ecuador
El activista Leo Cerda, dirigente de comunicaciones de la comunidad Kichwa Shakan Amaru Cachi, calificó el impacto ambiental como «grave».
Según declaró a The Associated Press, la contaminación del río Napo genera «enfermedades, alergias, abortos» entre más de 100.000 habitantes de la ribera por su contaminación.
Cerda denunció que en Napo existen 288 concesiones mineras y licencias ambientales otorgadas irregularmente.
«Se otorgaron porque hay corrupción en los organismos de control», afirmó, solicitando una depuración institucional.
El nexo de la minería ilegal con el crimen organizado
La minería ilegal en Ecuador mantiene vínculos con organizaciones de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico, lo que incrementó la violencia en las zonas afectadas.
El activista señaló que empresas «se juntan con bandas transnacionales y están financiando la violencia en el país».
Las organizaciones criminales roban combustible para operar la maquinaria minera. «Todo es dinero mal habido«, denunció Cerda sobre estas operaciones ilegales.
En 2024, dos alcaldes de ciudades mineras de El Oro fueron asesinados, al igual que otro en una zona minera de Azuay. Estos crímenes evidencian la peligrosidad del contexto vinculado a la extracción ilícita.
Un problema sin control desde 2023
Pese a que en junio de 2023 el gobierno de Guillermo Lasso declaró la minería ilegal como grave amenaza para el Estado, su expansión no se detuvo.
Los altos precios del oro impulsaron la proliferación de esta actividad.
La Cámara de Minería del Ecuador respaldó toda acción de lucha contra la extracción ilícita. Reconoció que esta genera «graves problemas ambientales, sociales y de seguridad» que requieren «una respuesta firme del Estado«.
La explotación ilegal de oro se registra en al menos 11 provincias: Napo, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago (Amazonía), Imbabura y Loja (región andina), entre otras áreas afectadas del país.
