La Corte Suprema de Justicia condenó al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe a ejecutar medidas concretas para frenar las quemas en el Delta del Paraná.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, obliga también a los municipios de Rosario y Victoria a implementar un plan estratégico de conservación.
La sentencia responde a una demanda presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente.
La organización denunció los daños provocados por humo y hollín en la ciudad de Rosario
Tras ello, exigió la recomposición ambiental de la región afectada por la quema indiscriminada de pastizales en el Delta.
La Justicia exige un plan integral obligatorio para contra las quemas en el Delta
El máximo tribunal ordenó implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP).
Este acuerdo interjurisdiccional, vigente desde 2008, constituye el marco adecuado para coordinar políticas de prevención entre la Nación y las provincias.
La Corte detectó que los incendios en el Delta se originan principalmente por quemas en jurisdicción de Victoria.
El tribunal también constató que no hubo avances significativos en las políticas preventivas acordadas entre las distintas jurisdicciones involucradas.
Antes de la definición, las provincias y municipios presentaron descargos con responsabilidades cruzadas.
El Gobierno Nacional argumentó que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias.
Por su parte, Santa Fe sostuvo que, aunque los incendios y quemas ocurren fuera de su jurisdicción, sus efectos impactan en su territorio del Delta.
Medidas concretas para proteger el Delta de las quemas e incendios
El fallo establece que las jurisdicciones involucradas deben implementar las siguientes acciones:
- Instalar equipamiento e infraestructura para mecanismos de información de alerta temprana
- Implementar la Red de Faros de Conservación en toda la región del Delta
- Desarrollar un Plan Sistemático de Control de focos ígneos
- Ejecutar un Plan de Manejo del Fuego específico para el Delta del Paraná
Los magistrados subrayaron que la responsabilidad de implementar políticas de protección y fiscalización ambiental recae en las provincias.
Hoy, el Estado nacional se limita a dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental.
La queja del municipio de Rosario y la necesidad de acción coordinada
El municipio de Rosario cuestionó su inclusión en la demanda. Señaló que «las quemas intencionales, ilegales y sistemáticas del Delta superior del Río Paraná se sitúan geográficamente en la provincia de Entre Ríos«, con excepción de algunas islas empadronadas a favor de Santa Fe.
La provincia santafesina destacó que está prohibida la quema de pastizales en todo su territorio.
Además, informó que impulsa diversas medidas para prevenir y controlar los focos ígneos que afectan a la región.
No obstante, la Corte incluyó a Rosario y Victoria en la obligación de ejecutar el plan estratégico.
El tribunal remarcó la necesidad de una acción coordinada para preservar el Delta del Paraná frente a la amenaza recurrente de los incendios.
Los jueces aclararon que el seguimiento y monitoreo del plan no corresponde a la instancia judicial.
Esta tarea implicaría un tiempo indefinido debido a la naturaleza cíclica de las quemas en el Delta, por lo que la responsabilidad recae en las autoridades políticas de cada jurisdicción.
