La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, expresó su rechazo al proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares. La iniciativa, con media sanción del Senado, avanza en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, el debate ambiental gana centralidad por su impacto en el acceso al agua. Además, el tratamiento legislativo incluye audiencias públicas con alta participación ciudadana.
Más de 27.000 personas se inscribieron para opinar sobre la reforma. Así, el tema se consolida como uno de los ejes ambientales más relevantes del país.
Un sistema clave para el equilibrio hídrico
La ley vigente, sancionada en 2010, protege glaciares y ambientes periglaciares. Estos ecosistemas funcionan como reservas estratégicas de agua dulce.
Además, regulan el caudal de los ríos en períodos de sequía. Según especialistas, cerca del 70% del país depende de estos sistemas.
Por ello, su preservación resulta esencial para múltiples actividades productivas. Incluso en la provincia de Buenos Aires, sin glaciares, el impacto es indirecto.
El caso del Río Colorado ilustra esta conexión interjurisdiccional. Este curso de agua atraviesa Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. En territorio bonaerense, sostiene sistemas de riego en Villarino y Patagones.
Riesgos ambientales en discusión
Desde el enfoque ecológico, la reforma genera preocupación por posibles impactos irreversibles. Entre ellos, se menciona la pérdida de reservas de agua dulce.
También se advierte sobre la contaminación de cuencas por actividades extractivas. Asimismo, podría aumentar la variabilidad hídrica y la frecuencia de sequías.
Sin glaciares activos, el agua podría concentrarse en épocas específicas. Esto implicaría excesos en primavera y escasez en verano.
Además, se alerta sobre desigualdades entre provincias por competencia ambiental. Este fenómeno podría derivar en una flexibilización progresiva de normas.
Cambios propuestos a la Ley de Glaciares
El proyecto impulsado por el gobierno nacional plantea modificar los límites de protección. De este modo, se habilitarían actividades productivas en zonas actualmente restringidas.
Entre ellas, se incluyen emprendimientos mineros e hidrocarburíferos bajo ciertas condiciones. Además, la reforma busca redefinir áreas periglaciares.
Esto podría reducir la superficie protegida por la normativa vigente. Por otro lado, se argumenta que los cambios mejorarían la previsibilidad para inversiones.
Sin embargo, sectores ambientales advierten sobre posibles conflictos legales. En paralelo, se cuestiona la compatibilidad con normas como el Acuerdo de Escazú. También se señalan tensiones con el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Participación ciudadana y desafíos futuros
El proceso legislativo incluye audiencias públicas con fuerte interés social. No obstante, se cuestiona la limitada cantidad de expositores prevista.
Esto podría restringir el derecho a la participación ambiental. A su vez, la discusión se vincula con políticas económicas como el impulso a inversiones extractivas.
En ese marco, se destaca el papel de recursos como el litio y el cobre. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar desarrollo y sostenibilidad, por lo que los especialistas proponen fortalecer la implementación de la ley actual.
Entre las medidas, se incluyen mejorar el monitoreo y actualizar el inventario de glaciares. Así, el debate plantea una pregunta central: cómo garantizar el desarrollo sin comprometer el agua, un recurso vital para las generaciones presentes y futuras.
