Un grupo de diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición presentó un pedido de impugnación contra la audiencia pública convocada por el oficialismo para tratar la Ley de Glaciares. Denunciaron que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades y que se cercenó la participación ciudadana “de manera arbitraria”.
Según los legisladores, de los más de 100 mil inscriptos, menos del 1% podrá participar, sin que se haya transparentado el mecanismo de selección. La nota formal sostiene que la metodología “resulta manifiestamente incompatible” con el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente.
Firmantes y argumentos
El escrito fue firmado por diputadas como Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Cámpora, María Inés Zirgaran y Adriana Cristina Serquis, y por diputados como Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Juan Brügge, Pablo Farías y Abelardo Ferrán.
Los opositores remarcaron que la convocatoria “no garantiza la participación, la manipula” y que “no va camino a cumplir con la audiencia pública, va camino a simularla”. Solicitaron la revisión, adecuación o nulidad de la metodología adoptada, por considerarla viciada en sus elementos esenciales.
Contexto del conflicto
La audiencia pública había generado gran expectativa: de los 85 mil inscriptos, solo 360 fueron autorizados a exponer en dos días, con ponencias de hasta cinco minutos y por videoconferencia. La cifra es récord en términos de interés ciudadano, pero la gran mayoría de los inscriptos se había manifestado en contra del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La oposición sostiene que el oficialismo buscó restringir ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva, contradiciendo tanto el plan de trabajo votado en la Cámara como el reglamento de las audiencias públicas.
Importancia de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares es clave para la protección de los ecosistemas de alta montaña y regula las actividades que pueden afectar glaciares y ambientes periglaciares. Su debate involucra intereses ambientales, sociales y económicos, ya que impacta en la minería, el acceso al agua y la preservación de recursos naturales estratégicos.
La discusión sobre la ley refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental, un dilema recurrente en la política argentina.
La impugnación presentada por la oposición marca un nuevo capítulo en el debate sobre la Ley de Glaciares. Mientras el oficialismo defiende la metodología aplicada, los opositores denuncian un retroceso democrático y exigen transparencia en la participación ciudadana. El desenlace de este conflicto será clave para definir no solo el futuro de la ley, sino también la legitimidad de los mecanismos de debate público en el país.
