En una decisión histórica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que los Estados que generen daños climáticos cometen un acto ilícito en el plano internacional y podrían ser obligados a compensar económicamente a los países más perjudicados por el cambio climático.
El fallo, emitido como opinión consultiva no vinculante, establece una interpretación jurídica de gran peso que puede guiar decisiones futuras en todo el mundo en materia de derechos ambientales y responsabilidades estatales.
El anuncio fue realizado durante una sesión formal presidida por el magistrado Yuji Iwasawa, quien afirmó que el deterioro del clima provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero constituye una “amenaza urgente y existencial”. El dictamen fue celebrado por organizaciones ambientalistas, que siguieron la audiencia en las afueras del Palacio de la Paz, sede del tribunal en La Haya.
De forma unánime, los jueces declararon que el incumplimiento de los compromisos climáticos internacionales equivale a un “hecho internacionalmente ilícito”, y que los países responsables podrían enfrentar reparaciones completas, incluyendo restituciones, indemnizaciones y medidas de satisfacción, siempre que se establezca una relación causal directa y verificable entre el daño sufrido y la omisión o violación.
Aunque probar esa conexión ante tribunales es complejo, los jueces subrayaron que no es imposible.
El caso, considerado por juristas como el más significativo que haya tratado la CIJ en materia ambiental, responde a una solicitud de interpretación presentada por la Asamblea General de la ONU, luego de una movilización iniciada por estudiantes del Pacífico, cuyas naciones están especialmente expuestas al ascenso del nivel del mar y fenómenos climáticos extremos.
El cambio climático y su impacto sobre los derechos humanos
Entre los argumentos destacados del tribunal, el juez Iwasawa subrayó que el clima debe ser protegido para las generaciones presentes y futuras, y que el calentamiento global puede afectar gravemente derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida. El dictamen responde a dos preguntas centrales:
- ¿Cuál es la obligación de los Estados, según el derecho internacional, para prevenir daños climáticos futuros?
- ¿Qué consecuencias legales enfrentan los países cuyas emisiones han generado impactos ecológicos graves, sobre todo en regiones vulnerables?
La iniciativa, impulsada por el pequeño Estado insular de Vanuatu y respaldada por más de 100 países y coaliciones, pretende responsabilizar a las naciones más contaminantes por sus emisiones históricas. El ministro de Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Regenvanu, celebró el fallo como una resolución firme y esperanzadora.
Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se trata de “una victoria para el planeta y para la juventud que exige acción climática”. La campaña, que comenzó en una aula universitaria, fue encabezada por Vishal Prasad, quien valoró el dictamen como “una herramienta sólida para exigir cuentas al poder”.
Aunque no tiene carácter obligatorio, la opinión consultiva de la CIJ establece una base jurídica que podría sustentar futuras acciones legales ante tribunales internacionales, particularmente en demandas por daños ecológicos provocados por emisiones de carbono.
Reacciones globales y desafíos para la justicia climática
La resolución enfrenta perspectivas divergentes. Estados pequeños y vulnerables reclaman que los contaminadores históricos financien medidas compensatorias, mientras que las economías más desarrolladas rechazan esa posibilidad por considerarla inaceptable en el ámbito diplomático.
El gobierno de Estados Unidos, que se retiró del Acuerdo de París durante la administración de Donald Trump, respondió con moderación. Según un portavoz del Departamento de Estado, el país evaluará el contenido del dictamen en los próximos días y semanas.
En paralelo, expertos como David Boyd, exrelator especial de la ONU sobre medio ambiente y derechos humanos, calificaron la resolución como una “victoria histórica para la justicia climática global”.
El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia marca un punto de inflexión para la gobernanza climática.
Si bien no obliga a los Estados a pagar indemnizaciones de forma automática, proporciona fundamento jurídico para exigir responsabilidades a quienes incumplen sus compromisos climáticos, ampliando el horizonte de lo que puede lograrse en términos de derecho ambiental internacional.
