Una operación policial multinacional liderada por la Interpol y desplegada entre mayo y junio de 2025 en nueve países de América Latina logró 225 arrestos por delitos ambientales y abrió cientos de nuevas investigaciones sobre redes de crimen ambiental, entre ellos: tala ilegal, tráfico de vida silvestre y minería de oro.
La acción, denominada Operación Madre Tierra VII, fue coordinada por la oficina regional de Interpol para Centroamérica y asistida por su unidad de seguridad ambiental.
Crimen ambiental: una red transcontinental en expansión
El operativo detectó más de 400 casos de delitos ambientales, incluyendo:
- 203 violaciones relacionadas con la silvicultura
- 138 vinculadas al comercio ilegal de fauna silvestre
- Violaciones pesqueras, minería ilegal y contaminación
Las investigaciones revelaron rutas transnacionales que conectan América Latina con Europa y Asia, evidenciando cómo el crimen organizado está detrás de la deforestación, la explotación de especies protegidas y la minería clandestina, con fines lucrativos.
Especies traficadas y ecosistemas en riesgo
Entre las incautaciones se encontraron:
- Aves vivas, reptiles, tortugas, primates y grandes felinos
- 2,4 toneladas de aletas de tiburón y raya
- 875 kg de totoaba, pez en peligro crítico de extinción
- 7 kg de pepino de mar seco, altamente cotizado en mercados asiáticos
Estas cifras reflejan la explotación sistemática de especies protegidas para abastecer mercados internacionales, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad y la resiliencia climática de la región.
Minería ilegal, trata de personas y contaminación
En Panamá, se descubrió una operación de minería ilegal de oro a gran escala que involucraba:
- Trabajo infantil
- Trata de personas
- Contaminación por mercurio en ríos y suelos
También se incautaron armas, vehículos, embarcaciones y equipos de comunicación, lo que confirma el nivel de sofisticación de estas redes criminales.
Crimen ambiental y crimen organizado: una alianza peligrosa
“Estos delitos de bajo riesgo y alta rentabilidad ahora financian grupos armados y prosperan en la corrupción”, advierte Oscar Soria, director de The Common Initiative.
La operación muestra cómo el crimen ambiental se ha integrado profundamente con las estructuras tradicionales del crimen organizado, especialmente en zonas donde el Estado está ausente o debilitado.
Violencia contra defensores ambientales: una crisis silenciosa
- Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales
- En 2023, más del 85 % de los asesinatos de defensores ocurrieron en la región
- Colombia y Brasil lideran las estadísticas de violencia
Los ataques suelen estar vinculados a la oposición a proyectos extractivos, como la minería, la petrolera y la expansión agroindustrial.
Causas estructurales y urgencias políticas
- Búsqueda de ganancias: delitos como la minería ilegal generan miles de millones de dólares
- Corrupción: facilita la expansión de actividades ilícitas
- Falta de regulación: muchos países carecen de legislación penal ambiental
- Presión por desarrollo: políticas que priorizan el crecimiento económico sobre la protección ambiental agravan el conflicto
Hacia una respuesta estructural y regional
La operación forma parte del Proyecto GAIA, respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, con participación de Colombia, México, Costa Rica y otros países. Se espera un informe analítico final en noviembre, que servirá como base para fortalecer la gobernanza ambiental, recuperar territorios y coordinar respuestas regionales.
La lucha contra el crimen ambiental en América Latina exige más que arrestos: requiere marcos legales sólidos, cooperación internacional, protección a defensores y una visión territorial que priorice la vida y la biodiversidad. La Operación Madre Tierra VII es un paso firme, pero el desafío es estructural y urgente.
