La Corte Internacional de Justicia (CIJ) marcó un hito sin precedentes en la historia del derecho internacional: por primera vez, determinó que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático del planeta. En una opinión consultiva que no es vinculante, pero sí de gran peso jurídico y moral, se aclaró que los daños a comunidades y ecosistemas deben ser compensados o restaurados.
Este pronunciamiento histórico reconoce el vínculo estrecho entre un clima estable y ecosistemas saludables, y establece que las naciones tienen un deber de diligencia debida para evitar impactos por emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión también refuerza la responsabilidad de los gobiernos de actuar en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
La iniciativa fue impulsada por jóvenes estudiantes de derecho del Pacífico y respaldada por 132 países, muchos de ellos altamente vulnerables al cambio climático, como Vanuatu y Tuvalu. Aunque estos Estados apenas contribuyen a las emisiones globales, sufren en carne propia las consecuencias del calentamiento.
La opinión consultiva fue leída durante más de dos horas en el Palacio de la Paz de La Haya y se basa en 91 presentaciones escritas, la cifra más alta en la historia de la CIJ.
Un nuevo marco para la acción climática
Este fallo llega en un momento clave, cuando el planeta enfrenta crisis superpuestas: cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental. Al establecer parámetros legales claros, la Corte brinda una herramienta crucial para exigir acciones más ambiciosas y efectivas por parte de los Estados.
La decisión de la CIJ también tiene implicancias para el sector privado. Se envía un mensaje contundente: la acción climática debe ser integral y centrarse en la protección de la naturaleza. Los ecosistemas son aliados indispensables en la lucha contra el cambio climático, ya que capturan aproximadamente la mitad de las emisiones globales.
Sin embargo, estos ecosistemas también están en peligro. Bosques, humedales, océanos y suelos están siendo degradados a un ritmo alarmante, lo que reduce su capacidad de amortiguar los impactos climáticos. Por eso, este fallo subraya la urgencia de restaurar y conservar la naturaleza como parte esencial de cualquier política climática.
Con la mirada puesta en la COP30 en Brasil, la comunidad internacional deberá adaptar sus planes y compromisos. Este nuevo marco jurídico puede servir como guía para revisar políticas nacionales e implementar acciones que estén alineadas con los derechos de la naturaleza y el bienestar de las personas.
¿Qué son las cuentas climáticas y para qué sirven?
Las cuentas climáticas son herramientas estadísticas que permiten medir y analizar el impacto de las actividades humanas sobre el clima. Están diseñadas para integrar datos económicos, ambientales y sociales con el fin de evaluar cómo contribuyen los sectores productivos a las emisiones de gases de efecto invernadero.
A través de estas cuentas, los gobiernos pueden identificar las fuentes más relevantes de emisiones, seguir su evolución a lo largo del tiempo y evaluar la efectividad de políticas públicas. También son claves para proyectar escenarios futuros y diseñar estrategias de mitigación y adaptación.
Además, las cuentas climáticas permiten asignar responsabilidades de manera más justa y transparente. Al cuantificar los costos ambientales de ciertos modelos productivos, se promueve una economía más sostenible y se facilita la rendición de cuentas ante organismos internacionales.
Un llamado a la transformación
La decisión de la Corte Internacional de Justicia pone el foco sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática, pero también ofrece una oportunidad: la de repensar nuestras formas de habitar el planeta. Incorporar instrumentos como las cuentas climáticas y proteger la naturaleza no son solo opciones éticas, sino pasos esenciales para garantizar un futuro habitable.
La respuesta de los gobiernos será clave. Revisar planes nacionales, aumentar la ambición climática y priorizar la restauración ecológica son medidas urgentes. El planeta, las comunidades más vulnerables y todas las formas de vida necesitan acciones coherentes con el nuevo paradigma legal que la CIJ acaba de establecer.
