La convocatoria contra el proyecto minero San Jorge, en Mendoza, estaba fijada para las 19 del martes 2 diciembre, pero desde mucho antes la intersección de San Martín y la peatonal Sarmiento se encontraba colmada. La concentración reunió a miles de personas con carteles y banderas en defensa del agua.
La movilización mostró una fuerte participación de jóvenes, trabajadores y estudiantes. La presencia masiva volvió a poner en evidencia la falta de licencia social para emprendimientos extractivos de alto impacto.
Tras el ruidazo inicial, la columna avanzó por el centro mendocino hacia la Legislatura provincial. En cada cuadra se sumaban más manifestantes que respondían con aplausos y sonidos de sirena improvisados.
Memoria reciente y tensiones vigentes
Las referencias a 2019 se repiten entre los participantes. La revocación popular de la reforma que flexibilizaba la protección hídrica continúa siendo un punto de inflexión en la historia ambiental de la provincia.
El clima de desconfianza se profundiza ante el intento oficial de acelerar la votación de la Declaración de Impacto Ambiental. El tratamiento en el Senado podría concretarse la próxima semana, aun cuando persisten cuestionamientos técnicos y sociales al proyecto.
El Gobierno provincial sostiene su agenda legislativa pese a la creciente movilización. Sin embargo, la respuesta ciudadana del fin de semana mostró que la conflictividad ambiental sigue vigente en casi todos los departamentos.
Organización territorial y continuidad del reclamo
Las asambleas socioambientales anticipan una semana de acciones en defensa del agua. En paralelo, se prepara una caravana que partirá desde Uspallata y recorrerá distintos departamentos para confluir en la capital provincial.
Los organizadores entienden la protesta como una defensa del ordenamiento territorial vigente y de la normativa restrictiva respecto de la actividad minera contaminante, por lo que la masividad de la jornada refuerza ese mensaje.
La proyección de nuevas movilizaciones coincide con el avance parlamentario del expediente. La ciudadanía organizada busca intervenir antes de que el proyecto alcance su definición legislativa final.
El método de extracción propuesto por el proyecto San Jorge
El emprendimiento San Jorge se basa en un modelo de explotación a cielo abierto orientado a la extracción de cobre y oro. Este tipo de operación requiere movimientos de gran volumen de roca y el uso intensivo de reactivos químicos para separar los minerales de interés.
El proceso contempla el empleo de lixiviación y sistemas de trituración y molienda, lo que implica la generación de relaves y escombros con potencial de filtración hacia las cuencas hídricas. El manejo de esos residuos es uno de los puntos más cuestionados por especialistas.
Las consecuencias ambientales asociadas incluyen modificación del suelo, alteración de cauces, consumo elevado de agua y riesgo de dispersión de sustancias tóxicas. Estos factores explican la preocupación social y la insistencia en evaluar con mayor rigor el impacto acumulativo de la actividad.
¿Cuáles son sus consecuencias y riesgos para el ambiente provincial?
La principal inquietud de las organizaciones ambientales es la presión que este tipo de proyectos ejerce sobre los sistemas hídricos. La cordillera mendocina es una zona clave para el abastecimiento de agua potable y de riego, y presenta vulnerabilidades ante actividades extractivas de gran escala.
El aumento potencial de sedimentos y la posible alteración química del agua representan riesgos para la biodiversidad y para la producción agrícola, columna vertebral de la economía regional. La compatibilidad entre minería a cielo abierto y conservación sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica.
La discusión legislativa se da en un momento en el que la provincia continúa enfrentando escenarios de sequía y reducción de caudales. Estos antecedentes profundizan el rechazo de amplios sectores sociales al proyecto minero.
El impacto sobre el agua, la salud y el ambiente
La minería a cielo abierto demanda grandes volúmenes de agua dulce para sus procesos. En una provincia semidesértica como Mendoza, este consumo presiona un recurso ya escaso. Cualquier reducción en la disponibilidad afecta al riego agrícola y al abastecimiento urbano.
La alteración de napas y cursos superficiales puede generar drenaje ácido. Este fenómeno libera metales pesados como arsénico y cadmio hacia el sistema hídrico. Una vez contaminados, los cuerpos de agua requieren décadas para recuperarse.
La exposición prolongada a metales pesados tiene efectos comprobados en la salud. Puede causar trastornos neurológicos, problemas respiratorios y afecciones renales. Las poblaciones próximas a zonas de explotación son las más vulnerables.
El ambiente también sufre pérdidas significativas. Los ecosistemas de montaña, frágiles y lentos para regenerarse, resultan especialmente afectados. La fragmentación del hábitat altera la biodiversidad y compromete especies nativas.
