La comunidad internacional se prepara para la Conferencia de Niza en un escenario marcado por la lentitud en la ratificación del Tratado de Alta Mar, de protección de los océanos y el debate sobre la minería submarina.
El futuro de la biodiversidad marina mundial se encuentra en un punto de inflexión. Mientras la comunidad internacional dirige su mirada hacia la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará en Niza, Francia, en junio de 2025, el año 2026 emerge como el plazo definitivo para transformar las promesas diplomáticas en acciones vinculantes.
Sin embargo, la brecha entre las aspiraciones de conservación y la realidad política actual plantea dudas sobre la efectividad de la protección de los océanos a corto plazo.
El desafío de ratificar el Tratado de Alta Mar
Uno de los pilares fundamentales para la salud del ecosistema marino es el Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido comúnmente como el Tratado de Alta Mar.
Aunque su adopción en 2023 fue celebrada como un hito histórico, su implementación real depende de que al menos 60 naciones lo ratifiquen formalmente.
Hasta la fecha, el ritmo de adhesión es preocupantemente lento. Los expertos advierten que, de no alcanzarse esta cifra antes de la cita en Niza, el objetivo de proteger el 30% de las aguas internacionales para el año 2030 (la meta «30×30«) se volverá prácticamente inalcanzable. El proceso requiere un impulso político sin precedentes durante 2025 para que el tratado pueda entrar en vigor plenamente en 2026.
La minería submarina y el futuro de los fondos oceánicos
De forma paralela, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) se enfrenta a una presión creciente en sus sedes de negociación en Jamaica. El debate se centra en la posible apertura de los abismos marinos a la minería industrial.
Mientras un bloque de países y empresas defienden la extracción de minerales críticos para la transición energética, un grupo cada vez mayor de naciones y organizaciones ecologistas exigen una moratoria preventiva.
El año 2026 será determinante para definir si se establecen regulaciones extractivas o si prevalece el principio de precaución para evitar daños irreversibles en ecosistemas que aún no han sido plenamente explorados por la ciencia.
Plásticos y contaminación: La última frontera
Otro frente abierto es la creación de un tratado global legalmente vinculante para frenar la contaminación por plásticos. Las negociaciones, que han avanzado entre tensiones por los intereses de la industria petroquímica y las exigencias de sostenibilidad, buscan establecer un marco de control que abarque todo el ciclo de vida del plástico.
Se espera que los acuerdos finales alcanzados a finales de 2024 y durante 2025 sienten las bases para una nueva normativa de protección de los océanos que sea operativa a partir de 2026.
En conclusión, el camino hacia Niza no es solo un evento protocolario, sino una carrera contra el tiempo para consolidar la seguridad jurídica de las aguas internacionales. La efectividad de la gobernanza oceánica en la próxima década dependerá de las decisiones políticas y legales que se cristalicen en este periodo crítico.
