A pocos días de la aprobación del Proyecto San Jorge, que promociona la megaminería metalífera en Mendoza, persisten las críticas contra la medida sancionada y afloran reflexiones sobre su repercusión.
El proyecto, que favorece a la Minera San Jorge en detrimento de los intereses de la sociedad local, generó una marcha masiva desde distintas regiones mendocinas hacia la capital provincial.
Una aprobación polémica
El proyecto fue aprobado con 29 votos a favor, cinco en contra y una abstención, pese al rechazo social y a las manifestaciones pacíficas reprimidas por fuerzas de seguridad.
El gobernador Alfredo Cornejo, aliado político de Javier Milei, acompañó el proceso, lo que intensificó la percepción de imposición y falta de licencia social.
Debilidades en el Informe de Impacto Ambiental
Los dictámenes técnicos del Departamento General de Irrigación, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y el IADIZA-CONICET señalaron graves falencias en el Informe de Impacto Ambiental (IIA):
- Uso de datos hídricos desactualizados (2008-2010).
- Ausencia de consideración del cambio climático y sus proyecciones.
- Insuficiencia de muestras para evaluar el riesgo de drenaje ácido de roca (solo 4, cuando deberían ser decenas).
- Incertidumbre sobre la conectividad con el acuífero Yalguaraz/Lomada y la cuenca del río Mendoza.
El riesgo de contaminación con metales pesados como arsénico, cadmio y plomo podría afectar las redes tróficas y el agua por miles de años. Esta falta de certeza activa el principio precautorio, que establece que no se debe avanzar con la actividad hasta dilucidar las incertidumbres ambientales.
Derechos indígenas vulnerados
El proyecto pretende avanzar sin el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona. La comunidad Huarpe no fue consultada de manera libre, previa e informada, lo que vulnera el Convenio 169 de la OIT.
Voces de la resistencia
En diálogo con Página/12, referentes sociales expresaron su rechazo:
- María Teresa “Guni” Cañas, referente de las asambleas por el agua, señaló:
“El gobierno no tiene licencia social. Vayas a donde vayas, el tema del agua está. Los legisladores forman parte de una estructura de poder que quiere imponer la megaminería”.
También denunció la concentración de poder de Cornejo, quien controla Ejecutivo, Legislatura, entes autárquicos y la Universidad Nacional de Cuyo.
- Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, advirtió:
“El principal riesgo es contaminar el acuífero de Uspallata y el río Mendoza, fuente de agua potable para el Oásis norte, el mayor polo agroindustrial de la provincia”.
Giraud recordó antecedentes de minería nociva en Mendoza, como Sierra Pintada y Mina Huemul, y comparó la situación con desastres internacionales como Mount Polley (Canadá, 2014) y Brumadinho (Brasil, 2015).
Movilización social y memoria histórica
Las marchas continúan en Uspallata, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y General Alvear, replicando la resistencia de 2011, cuando la legislatura provincial rechazó proyectos mineros tras un fuerte rechazo social.
Hoy, referentes señalan que el contexto político cambió: el avance del neoliberalismo y el negacionismo climático han debilitado la escucha de la clase política, priorizando intereses económicos por sobre la protección ambiental.
El Proyecto San Jorge expone una tensión creciente entre la megaminería y la defensa del agua en Mendoza. La aprobación legislativa, pese a los dictámenes técnicos y la falta de consulta a comunidades indígenas, refuerza la percepción de imposición política.
La resistencia social y científica se mantiene firme, recordando que el agua es un bien común y que la megaminería, sin garantías ambientales, amenaza la salud, la biodiversidad y el futuro de la provincia.
Foto de portada: Diario Contexto
