Miles de aparatos acaban en la basura antes de tiempo porque es demasiado caro arreglarlos o por falta de repuestos. Es una forma reconocida de obsolescencia programada, una manera de acortar la vida de un producto antes de que se desgaste. Muy pocas veces han llegado casos como este a los tribunales. La obsolescencia programada, al fin y al cabo, está asumida como un mal necesario para estimular el consumo.
Pero la crisis está cambiando las conciencias y cada vez son más las voces que recuerdan que la necesidad mantener una tasa mínima de renovación de productos no significa que haya que aceptar abusos. Además, genera toneladas de residuos que podrían evitarse. Finalmente, un país ha dado un paso al frente: la Asamblea francesa acaba de aprobar, dentro de la Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen la muerte de sus productos.
La norma, que aún debe ser ratificada en el Senado, no solo es relevante por las sanciones que establece, sino porque es la primera vez que una legislación reconoce la existencia de la obsolescencia programada. “Estas técnicas pueden incluir la introducción deliberada de un defecto, una debilidad, una limitación técnica, incompatibilidad u obstáculos para su reparación”, indica el texto.
Europa está empezando a abordar el problema. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE, aprobó hace un año un dictamen que exige la prohibición total de la obsolescencia programada. Se esta estudiando la posibilidad de la implantación de un sistema de etiquetado de durabilidad para que el consumidor pueda decidir si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero y podría ser parecido al que se ha implantado para calificar la eficiencia energética, con una escala de clasificación por letras y colores.
El movimiento contra la obsolescencia programada parece ya imparable en la Unión Europea. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha encargado un estudio para desarrollar una posible metodología, y el CESE va a realizar una encuesta para preguntar a los ciudadanos si estarían dispuestos a pagar más por productos más duraderos.
