Pueblos originarios del suroeste de Bolivia, donde se ubica el mayor yacimiento de litio del país, solicitaron al Gobierno de Rodrigo Paz que los proyectos de explotación incluyan estudios de impacto ambiental y la consulta previa libre e informada.
El pedido busca garantizar que las iniciativas no generen efectos negativos en la región y que las comunidades sean reconocidas como actores centrales en la toma de decisiones.
El reclamo se plasmó en un proyecto de ley elaborado por autoridades de la provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí. “Queremos saber qué nos espera de aquí a diez años”, expresó Iván Calcina, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias.
Preocupaciones ambientales y sociales
Según Calcina, son 14 comunidades las que habitan alrededor del salar de Uyuni y que podrían verse directamente afectadas por la escasez de agua y otros impactos ambientales derivados de la explotación e industrialización del litio.
La principal demanda es contar con un estudio hidrológico que evalúe los riesgos para la región y para el país en su conjunto.
La inquietud surge tras los contratos firmados por el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de China y Rusia para aplicar la tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Estos proyectos, con inversiones previstas de más de 2.000 millones de dólares, fueron cuestionados por carecer de estudios ambientales y de procesos de consulta previa, como exige la normativa boliviana.
Críticas a proyectos anteriores
Expertos en energía coincidieron en que las iniciativas de las firmas extranjeras “no tenían bases sólidas sobre el impacto ambiental”, lo que podía generar consecuencias graves para las comunidades locales.
Durante la gestión de Arce se estimó que las reservas de litio en los salares bolivianos alcanzaban los 23 millones de toneladas, la mayoría en Uyuni, un área de 10.000 km² que además constituye uno de los principales atractivos turísticos del país.
En diciembre de 2023 se inauguró allí un complejo industrial estatal con capacidad para producir 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante piscinas de evaporación. Sin embargo, la planta, ubicada en el municipio de Colcha K, operó con menos del 20 % de su capacidad y presentó defectos de diseño. La inversión inicial fue de 96 millones de dólares.
La “era del litio” y sus tropiezos
El proyecto había sido iniciado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y continuado por Arce, quien anunció en 2023 el inicio de la “era del litio”. No obstante, los resultados quedaron lejos de las expectativas.
El actual presidente Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025, denunció que en las gestiones anteriores “se robaron el litio” por la falta de avances concretos en la explotación e industrialización. Paz aseguró que su Gobierno trabajará en soluciones reales para el sector.
Expectativas de las comunidades
Iván Calcina expresó que esperan que el proyecto de ley elaborado junto a otras autoridades indígenas sea considerado por el Gobierno. “Queremos que nos tomen en cuenta en las decisiones y protegernos de los impactos ambientales”, afirmó.
El reclamo de las comunidades indígenas de Nor Lípez pone en el centro del debate la necesidad de compatibilizar la explotación del litio con la protección ambiental y los derechos de los pueblos originarios. La consulta previa y los estudios técnicos aparecen como condiciones indispensables para avanzar hacia un modelo de desarrollo que no repita los errores del pasado.
