Desde el 17 de enero de 2026, las aguas internacionales dejaron de ser un territorio sin reglas claras y pasaron a contar con un marco común de protección con el Tratado de Alta Mar.
Este acuerdo busca ordenar el uso y la conservación de casi la mitad del planeta, hoy sometida a crecientes presiones ambientales.
Así, la comunidad internacional comienza a asumir una responsabilidad colectiva sobre ecosistemas clave para el equilibrio climático global.
Cooperación para proteger lo que no pertenece a nadie
El tratado establece mecanismos inéditos para gestionar espacios marinos fuera de las jurisdicciones nacionales.
Por un lado, habilita la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, algo que antes carecía de respaldo jurídico.
Además, incorpora evaluaciones de impacto ambiental para actividades nuevas y emergentes, como la geoingeniería o la captura de carbono en el océano.
América Latina ante un nuevo escenario oceánico
En este contexto, América Latina y el Caribe aparecen como actores relevantes dentro de la implementación del acuerdo.
La región participó activamente en las negociaciones a través de alianzas flexibles que permitieron asumir liderazgos técnicos.
De este modo, los países lograron posicionar prioridades vinculadas a la conservación marina y la protección de la biodiversidad.
Dos propuestas emblemáticas en marcha
Entre las primeras iniciativas regionales se destacan la Dorsal de Salas y Gómez y el Domo Térmico. La Dorsal de Salas y Gómez, impulsada por Chile, se apoya en una fuerte tradición oceánica y en el aporte de saberes del pueblo Rapa Nui.
En paralelo, el Domo Térmico, liderado por Costa Rica, se sustenta en evidencia científica sobre su alta productividad biológica.
Biodiversidad y ciencia como ejes de protección
El Domo Térmico es un fenómeno oceanográfico del Pacífico centroamericano que concentra especies emblemáticas como la ballena azul y la tortuga baula.
Aunque históricamente asociado a Costa Rica, ahora se proyecta como una propuesta conjunta por tratarse de aguas internacionales. Así, la iniciativa promueve una gestión compartida basada en ciencia y cooperación regional.
Gobernanza integrada frente a viejas amenazas
El tratado también introduce una mirada integral sobre proyectos que, aun dentro de aguas nacionales, puedan afectar la alta mar.
En ese sentido, actividades como la exploración de hidrocarburos deberán ser evaluadas si generan impactos significativos más allá de las fronteras.
Esta lógica busca superar una gobernanza fragmentada y avanzar hacia decisiones coordinadas y consultadas.
El Tratado de Alta Mar y sus beneficios estratégicos
El acuerdo contempla el reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. Asimismo, fortalece la transferencia de tecnología y la creación de capacidades para países con menos recursos científicos.
De este modo, América Latina y el Caribe pueden acceder a información clave sobre biodiversidad profunda y desarrollo sostenible.
Un océano compartido con reglas comunes
Con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, la protección de los océanos da un paso decisivo. La alta mar deja de ser un vacío legal y se transforma en un espacio de cooperación global.
En ese camino, la región latinoamericana se posiciona como protagonista de una nueva etapa para la gobernanza oceánica.
