Hoy, a casi cinco meses de la aprobación del diferimiento en la aplicación de los principales incisos de la ordenanza 18740, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) se mostraron preocupados por el daño a la salud pública que generan las fumigaciones. Por eso, destacaron la necesidad de dar lugar al “principio de precaución”, que establece que se debe prohibir el uso de sustancias potencialmente peligrosas, al tiempo que cuestionaron al Municipio por la falta de una estrategia de transición agroecológica consensuada.

 

La declaración de la Unmdp, a la que tuvo acceso El Atlántico, fue elaborada por la Comisión para el Desarrollo de un Espacio de Reflexión Ético Científica (Coderec) y da cuenta de varias cuestiones, entre ellas y en primera instancia, de la importancia del “respeto a la normativa vigente (ordenanza 18.740) y la necesidad de su urgente reglamentación”.

 

En ese sentido, en el texto se dejó expresamente en claro que la implementación de una franja de exclusión de mil metros para las pulverizaciones con agroquímicos no es caprichosa, sino que responde a resultados obtenidos por investigadores de la unidad académica, que demuestran “tanto la degradación física, química y biológica de los suelos sometidos a labranza convencional y a siembra directa, como así también la acumulación dentro de la fauna del suelo de sustancias químicas provenientes de agroquímicos”.

 

Asimismo, desde la Coderec se mostraron en desacuerdo con “los artículos 2°, 3° y 4° de la ordenanza municipal 21097/12, ya que dicha medida pone en grave riesgo la salud de la población expuesta a las fumigaciones”. Justamente, desde la entidad consideraron que la aprobación de dicha norma “debería haber sido consensuada con todos los actores sociales que participaron del debate público del día 24 de octubre, es decir, incluyendo en la toma de decisiones a los vecinos afectados”.

 

Tras recordar las palabras del secretario de Salud de la Comuna, Alejandro Ferro, y del de Producción, Mariano Pérez Rojas el día de la audiencia pública, -contexto en el que ambos funcionarios, a grandes rasgos, destacaron la importancia del equilibrio entre salud y producción-, las especialistas aseguraron que los acontecimientos que siguieron a ese encuentro de debate “no se condicen con el compromiso asumido por las autoridades municipales, ya que con las medidas adoptadas por el Municipio no solo no se está resguardando la salud y el ambiente de vecinos y trabajadores frutihortícolas, sino que tampoco se planteó hasta el momento una estrategia de transición agroecológica consensuada con todos los actores sociales afectados por esta problemática”.

 

Por todos estos aspectos, desde la comisión solicitaron, en consonancia con el pedido de los vecinos afectados, el respecto a la salud de la población “por sobre todo interés económico”, y la derogación de los artículos en cuestión de la ordenanza 21097/12, “los cuales establecen el diferimiento por un término de 150 días de los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ordenanza Municipal 18740, la prohibición, del uso de pulverizadores autopropulsados en un radio de doscientos metros alrededor de centros urbanos, y la utilización de productos Clase IV banda verde y orgánicos dentro del radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas”.

 

Asimismo, pidieron a las autoridades del Municipio celeridad en la conformación de una mesa multidisciplinaria de trabajo con la participación de todos los actores involucrados, incluyendo miembros de instituciones públicas como la Universidad o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y especialistas en el tema, “a fin de discutir las posibles modificaciones a la ordenanza 18.740 en forma consensuada, como fuera el compromiso asumido”.