La administración federal de Estados Unidos impulsa una reforma profunda de la política forestal, con la derogación de la Roadless Area Conservation Rule, vigente desde 2001. Esta norma protegía más de 23 millones de hectáreas de bosques vírgenes, impidiendo la construcción de caminos y la explotación maderera en los territorios más remotos del país.
La medida responde a la Orden Ejecutiva 14225, firmada en marzo de 2025, que obliga a aumentar en un 25% la extracción de madera en tierras federales. El Departamento de Agricultura (USDA), bajo la dirección de Brooke Rollins, formalizó en junio la intención de revocar la norma. Esto abre un proceso administrativo que culminaría a fines de 2026.
Impactos ambientales y sociales
La derogación permitiría la explotación inmediata de más de 10 millones de hectáreas previamente protegidas. Según High Country News, esto afectaría hábitats clave para especies en peligro y aumentaría la fragmentación de ecosistemas. La construcción de caminos incrementaría la erosión, la sedimentación de cauces y el riesgo de incendios forestales.
Uno de los casos más sensibles es el de la Tongass National Forest en Alaska, con 3,7 millones de hectáreas de áreas vírgenes. Las Naciones Tlingit & Haida solicitaron suspender las autorizaciones. Argumentan que los bosques son vitales para la seguridad alimentaria local y la recuperación de especies como ciervos, alces y salmones.
Economía y turismo
El turismo de naturaleza en estas áreas protegidas genera más de USD 45.000 millones anuales, superando el impacto económico de la explotación maderera intensiva.
Además, más de 13 millones de hectáreas cumplen funciones esenciales para la provisión de agua potable, beneficiando a 125 millones de personas en Estados Unidos.
Reacciones y oposición
La derogación ha generado rechazo social y político. En la fase de comentarios públicos de 2025, el 99% de las 625.000 observaciones apoyó mantener la Roadless Rule. Organizaciones como el Center for Western Priorities y la Western Fire Chiefs Association advierten que la apertura de caminos facilita la ignición accidental y eleva el riesgo de incendios descontrolados.
Además, se denunció la falta de consultas obligatorias con gobiernos tribales en 36 estados, lo que constituye una violación de derechos soberanos sobre más de 18 millones de hectáreas. Líderes indígenas remarcan que la consulta y el consentimiento no son opcionales.
La derogación de la Roadless Rule representa un viraje hacia la prioridad extractiva, privilegiando la obtención de recursos sobre los servicios ambientales y sociales de largo plazo.
El debate nacional se centra ahora en los costos futuros de esta decisión y en el debilitamiento del principio fundacional del Servicio Forestal: proveer “el mayor bien al mayor número de personas a largo plazo”.
