Este martes, el Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso y, entre los temas, incluyó una revisión de la Ley de Glaciares para su flexibilización.
Aunque por lo pronto el Ejecutivo no presentó el proyecto, sí incluyó la revisión de la Ley N° 26.639 en el llamado a extraordinarias, las cuales se desarrollarán hasta el 30 de diciembre.
En rigor, el Ejecutivo se apresta a presentar un «Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial«.
Este llegaría al Congreso esta semana y, para ser aprobado, deberá pasar con luz verde tanto por Diputados como por el Senado.
En línea con lo que adelantó el presidente Javier Milei, el plan es redefinir el concepto de «ambiente periglacial» y trasladar su regulación a las provincias.
El objetivo final es flexibilizar las normas que hoy protegen a los glaciares en el país en busca de potenciar inversiones mineras en zonas cordilleranas ricas en cobre, litio y otros minerales estratégicos.
Por ello, la iniciativa genera un intenso debate ambiental entre quienes ven una oportunidad para el desarrollo minero y quienes advierten sobre los riesgos hídricos.
Qué plantea la flexibilización de la Ley de Glaciares impulsada por el Ejecutivo
Según los promotores de la flexibilización, la definición vigente de «periglaciar» en la Ley de Glaciares resulta demasiado amplia e imprecisa.
Esta «vaguedad» permite que demandas judiciales o ambientales frenen proyectos productivos incluso cuando no hay glaciares propiamente dichos.
La reforma plantea entonces devolver a las provincias la capacidad de definir qué áreas deben seguir protegidas según sus estudios técnicos locales.
De esta manera, cada jurisdicción determinaría sus propias zonas de protección ambiental.
El cambio busca impulsar el plan de atracción de «grandes inversiones» del Ejecutivo, especialmente en regiones con potencial minero e hidrocarburífero que actualmente enfrentan restricciones por la normativa nacional.
Posiciones encontradas: provincias mineras vs. ambientalistas
Los gobiernos provinciales de la llamada Mesa del Cobre —Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy— respaldan la iniciativa.
Estos funcionarios consideran que determinar sus propias áreas periglaciares representa un acto de «federalismo ambiental«.
Desde estas legislaturas provinciales, el cambio representa una oportunidad para atraer capital, generar empleo y dinamizar economías locales tras años de trabas vinculadas a la normativa actual.
Sin embargo, más de 25 organizaciones ambientalistas, científicas y sociales difundieron un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de modificar esta norma.
Para Greenpeace, la reforma implica un «retroceso ambiental» de magnitud sistemática y señala que «sin glaciares no hay agua».
El especialista en glaciología del CONICET, Lucas Ruiz, advierte que existen glaciares visibles y «ocultos» —como los de escombros o periglaciares— que cumplen funciones hidrológicas.
Por ello, relajar la protección sería «una amenaza directa» para esas funciones vitales.
Qué dice la Ley de Glaciares vigente y cuáles son los riesgos de su fleixibilización
La Ley 26.639 define glaciares como «toda masa de hielo perenne, estable o en lento desplazamiento».
Considera periglaciar a zonas de media y alta montaña donde suelos congelados actúan como reservas de agua dulce.
Bajo este concepto, están prohibidas las actividades mineras, hidrocarburíferas, la construcción de infraestructura y el tratamiento de sustancias tóxicas en esas zonas protegidas.
Pero, ahora, la flexibilización de la Ley de Glaciares que el Gobierno busca aprobar en sesiones extraordinarias les permitiría a las provincias redefinir estas zonas.
Los críticos de la reforma alertan sobre riesgos potenciales que incluyen:
- Pérdida de reservas de agua a mediano y largo plazo por habilitación de zonas protegidas para minería
- Alteración del régimen hidrológico con caudales más erráticos y menor almacenamiento natural
- Riesgo ecológico para la biodiversidad de fauna, flora y ecosistemas acuáticos
- Impacto en el turismo sostenible de zonas como el Parque Nacional Los Glaciares
Santa Cruz: el caso especial con doble protección
Santa Cruz mantiene su propia normativa provincial —Ley 3123— que protege glaciares y periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Esta jurisdicción prohíbe actividades extractivas en esas zonas con legislación local.
Los diputados de Unión por la Patria en Santa Cruz alertaron que modificar la ley nacional «representa una amenaza directa a la democracia, al equilibrio ecológico y a los derechos de las futuras generaciones«.
Si la ley nacional cambia, se abre un escenario de redefinición de mapas, permisos y criterios.
Esto genera incertidumbre sobre el futuro de cuencas, usos del suelo y conservación ambiental en la provincia.
El debate en el Congreso definirá si Argentina transita de un modelo centralizado y nacional hacia uno descentralizado y provincial.
La discusión promete extenderse durante las sesiones extraordinarias de diciembre con posiciones claramente enfrentadas.
