La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó la Resolución 300/2025, un nuevo marco normativo que redefine los parámetros de edificación dentro de los parques nacionales del sur argentino. La medida reemplaza a la Resolución 180/2012 —vigente hasta ahora solo en Lanín y Nahuel Huapi— y amplía su alcance a todas las áreas protegidas patagónicas.
El documento introduce nuevos criterios para calcular la ocupación del suelo y las superficies edificables, incorporando categorías de espacios cubiertos y semicubiertos que, en la práctica, permiten un mayor volumen de construcción. Los factores FOS y FOT, que determinan cuánta superficie puede ocupar una obra, fueron ampliados bajo el argumento de “modernizar” las normas para adecuarlas al turismo actual.
Sin embargo, organizaciones ambientales y especialistas advierten que la medida puede abrir la puerta a una expansión inmobiliaria dentro de los parques, en un contexto de reducción del personal técnico y escasa capacidad de control estatal. El riesgo, sostienen, es que bajo el discurso de la sostenibilidad se flexibilicen los límites de protección ambiental.
La Dirección Nacional de Infraestructura y la Coordinación Zona Sur tendrán a su cargo la aplicación del nuevo reglamento. No obstante, sin mecanismos de transparencia ni fiscalización robusta, el temor es que estas normas beneficien a desarrolladores privados en detrimento de los objetivos de conservación.
Las consecuencias que podría traer la flexibilización
La aprobación de la Resolución 300/2025 coincide con una etapa de ajuste presupuestario y pérdida de personal dentro de la APN. Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), solo hay 363 combatientes de incendios forestales activos, cuando el mínimo necesario sería de 700. Esta merma también alcanza a los equipos técnicos que deben supervisar obras y monitorear el cumplimiento de las normas ambientales.
En ese contexto, la expansión de proyectos turísticos o inmobiliarios podría generar impactos difíciles de revertir. Sin suficiente personal para fiscalizar, las construcciones podrían avanzar sobre ecosistemas frágiles, afectando la flora, la fauna y los cursos de agua que sostienen el equilibrio natural de la Patagonia.
La región patagónica alberga bosques templados, lagos glaciares y estepas únicas, que cumplen un rol crucial en la regulación climática y la conservación de la biodiversidad. Cualquier modificación del suelo en estas áreas repercute directamente sobre especies endémicas, corredores biológicos y cuencas hídricas que abastecen a comunidades humanas.
A esto se suma que muchos parques nacionales, como Lanín, Nahuel Huapi o Los Alerces, se encuentran rodeados por zonas de alto valor turístico y presión urbanística. El nuevo marco normativo, de no aplicarse con estrictos controles, podría incentivar la construcción en sectores que hasta ahora se mantenían libres de intervención.
Una tensión que vuelve: desarrollo versus conservación
La Resolución 300/2025 reaviva un viejo debate en la gestión ambiental argentina: cómo equilibrar la promoción del turismo con la preservación de la naturaleza. Mientras la APN argumenta que busca “actualizar criterios constructivos”, los expertos sostienen que la sostenibilidad no puede depender solo de parámetros edilicios, sino de una planificación territorial basada en límites ecológicos.
Las áreas protegidas existen para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Si se debilita ese principio, el riesgo es que el turismo —uno de los motores económicos más importantes de la Patagonia— pierda precisamente su mayor atractivo: la pureza de los paisajes y la integridad de sus ecosistemas.
La aplicación de la Resolución 300/2025 será una prueba clave para la Administración de Parques Nacionales. Su capacidad de fiscalizar y mantener el equilibrio entre desarrollo y preservación determinará si esta nueva etapa representa una oportunidad para modernizar la gestión o un retroceso que ponga en peligro el legado ambiental de la región.
